Inversión de pymes de Teruel con cargo al Fondo de Transición Justa

Objeto

Es la ayuda a la inversión más accesible del Fondo de Transición Justa en Teruel, y probablemente la más útil para una pyme de la provincia: no exige tamaño mínimo de empresa ni proyectos millonarios, y cubre desde una web o un ERP hasta una línea de producción.

El Fondo de Transición Justa es el instrumento europeo que compensa a los territorios afectados por el cierre de la minería y las térmicas de carbón. La provincia de Teruel es la Prioridad P5 del programa español 2021-2027, y esta orden reparte esa dotación en cinco líneas:

La línea 2 se lleva más de la mitad del dinero y es la de objeto más amplio: es la puerta de entrada natural para casi cualquier proyecto de inversión productiva.

Cuánto se cobra

Cada línea tiene su intensidad, y además existe una doble tabla según el régimen de ayudas de Estado al que se acoja la concesión:

Bajo el Reglamento (UE) 651/2014

Bajo minimis, Reglamento (UE) 2023/2831

El 50 % en las cinco líneas y para los dos tamaños, sin distinción.

La consecuencia práctica es directa: para una mediana empresa que digitaliza o invierte, acogerse a minimis significa 20 puntos porcentuales más de ayuda —del 30 % al 50 %—. A cambio consume el límite de 300.000 € de minimis en tres años. Para una pequeña empresa de las líneas 3, 4 o 5 la intensidad es la misma por las dos vías.

Inversión mínima por línea

Si se pide a varias líneas, el requisito se entiende cumplido cuando la inversión alcanza al menos el 80 % del mínimo en cada una. Y en todo caso hay que ejecutar al menos el 50 % de la inversión prevista, garantizando siempre el mínimo.

El baremo: hay que sacar 30 puntos

A diferencia de otras ayudas del IAF, esta no es una ventanilla por orden de llegada: es un concurso con puntuación, y las solicitudes que no alcancen 30 puntos quedan excluidas aunque sobre crédito.

Cada línea tiene su propio baremo, pero comparten cuatro bloques:

• Nivel de excelencia del proyecto (hasta 25 puntos): claridad y madurez de la solicitud, y grado de innovación —novedades tecnológicas y ampliación o modernización de equipos e instalaciones—.
• Capacidad para implementar el proyecto (hasta 10 puntos): experiencia previa de la empresa en proyectos similares y volumen de la inversión, que puntúa por tramos —2 puntos por encima de 50.000 €, 4 por encima de 100.000 € y 6 por encima de 150.000 €—.
• Territorialidad: 5 puntos si el proyecto se desarrolla en un municipio del territorio de Transición Justa y 5 más si está en un municipio de baja densidad de población.
• Capacidad de generación de empleo (hasta 20 puntos): puntúa el compromiso de crear puestos de trabajo.

En las líneas energéticas se sustituye parte del baremo por el ahorro y la eficiencia conseguidos y la mejora de la calidad ambiental, con 10 puntos cada uno.

Los empates se rompen por la puntuación del primer bloque, luego el tercero, luego el segundo, y en último término por el orden de presentación.

El compromiso de empleo tiene consecuencias. Si al final se crean menos puestos de los comprometidos y eso altera la puntuación hasta el punto de que la empresa habría quedado fuera, se considera incumplimiento total y hay que devolverlo todo. Conviene no inflar ese apartado para ganar puntos.

Qué gasto entra y desde cuándo

Aquí hay una diferencia entre regímenes que decide fechas:

• Si la ayuda se acoge al Reglamento (UE) 651/2014, el proyecto no puede haber iniciado los trabajos antes de presentar la solicitud, y el plazo de ejecución va del día siguiente a la solicitud hasta el 30 de agosto de 2027.
• Si se acoge a minimis, esa prohibición no se aplica y el plazo de ejecución arranca el 1 de enero de 2026, terminando también el 30 de agosto de 2027.

«Inicio de los trabajos» significa el comienzo efectivo de la construcción, o el primer pedido en firme de equipos, o cualquier compromiso que haga la inversión irreversible. No cuentan como inicio la compra de terrenos ni los trabajos preparatorios —permisos, estudios de viabilidad—: el proyecto sigue siendo elegible, aunque esos costes concretos no se subvencionen.

Entre los conceptos elegibles están los activos materiales, los activos inmateriales —software, desarrollos a medida, patentes, licencias de explotación, conocimientos técnicos— y la consultoría, ingeniería y asistencia técnica externa, incluida la auditoría necesaria para justificar, con un tope del 20 % del importe de la ayuda solicitada por inversión.

Dos matices sobre el software: no es elegible el alquiler de licencias, solo la adquisición, y los activos inmateriales deben permanecer en el establecimiento al menos tres años y figurar como amortizables en el activo.

Quedan expresamente excluidas las inversiones financieras, los trabajos realizados para la propia empresa, los fondos de comercio y derechos de traspaso, la adquisición de empresas o parte de ellas, los materiales y suministros, y el asesoramiento periódico o de mantenimiento.

Sectores y proyectos que no entran

Las exclusiones vienen de tres normas distintas y se acumulan.

Por el Reglamento General de Exención por Categorías: pesca y acuicultura, producción agrícola primaria y actividades ligadas a la exportación —redes de distribución y costes corrientes de exportar—.

Solo en las líneas 1 y 2 se añaden: acero, lignito y carbón; transporte y su infraestructura; producción, almacenamiento, transporte, distribución e infraestructuras de energía; y banda ancha.

Por el Reglamento del Fondo de Transición Justa, y esto es lo específico de este fondo: quedan fuera las inversiones relacionadas con la producción, transformación, transporte, distribución, almacenamiento o combustión de combustibles fósiles, y la incineración de residuos.

Y se excluyen los proyectos que causen un perjuicio significativo al medio ambiente según el principio DNSH del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, los que se funden en actividades lesivas para la transición ecológica y los contrarios al Pacto Verde Europeo.

Cómo se solicita

El extracto salió en el “Boletín Oficial de Aragón” número 24, de 5 de febrero de 2026, y el plazo fue de tres meses desde el día siguiente: cerró el 5 de mayo de 2026.

Presentación electrónica en la sede del Gobierno de Aragón, con un modelo distinto por línea. Los números de procedimiento son:

Una sola solicitud por proyecto. El IAF resolvía dudas en el 976 702 100 y en ftj@iaf.es.

Con la solicitud van la memoria técnica valorada —con toda la información, incluida la medioambiental, que el baremo necesita para puntuar—, el informe de plantilla media de los doce meses anteriores de la Tesorería General de la Seguridad Social, y para ayudas de más de 30.000 € la certificación de cumplimiento de plazos de pago de la Ley 3/2004 de morosidad. Si esa certificación no llega a tiempo, basta con justificar que se ha pedido, pero tiene que estar antes de la resolución.

Subsanación: diez días hábiles improrrogables. Tras la propuesta provisional hay cinco días de audiencia para alegar.

Después de cobrar: cinco años de compromiso

Esta ayuda tiene una cola larga, y conviene tenerla en cuenta antes de solicitar:

• Mantenimiento de la inversión y la actividad: mínimo cinco años para bienes inscribibles en un registro público y tres años para el resto.
• Mantenimiento del empleo: mínimo tres años. El empleo a mantener es la plantilla media de los doce meses anteriores a la solicitud más el compromiso de creación asumido en el proyecto.
• En los tres meses siguientes al final del período de mantenimiento hay que presentar la documentación que lo acredite, con inventario de los bienes subvencionados e informes de plantilla y vida laboral.

Sobre el pago: si se ejecuta el 50 % o más de la inversión prevista y se respeta la inversión mínima, la subvención se reduce en proporción a lo realmente invertido. Por debajo del 50 % se considera incumplimiento total.

Hay que colocar un distintivo con el logotipo de la Unión Europea y del Gobierno de Aragón en los bienes inventariables adquiridos, y usar el emblema europeo en los materiales de comunicación del proyecto.

El lío de los códigos en la BDNS

Esta convocatoria aparece dos veces en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con los códigos 885046 y 885066, cada uno con 7.500.000 €. No son dos ayudas distintas: el propio extracto publicado en el BOA declara los dos identificadores para una única Orden PEJ/159/2026. El crédito real de la convocatoria es de 15.000.000 €.

Lo mismo ocurrió con la edición anterior, y de forma aún más confusa. La convocatoria de 2025 se registró primero con los códigos 826151 (12.500.000 €, líneas generales) y 863143 (2.500.000 €, economía circular), y después volvió a darse de alta en enero de 2026 con los códigos 882335 y 882336 y los mismos importes. Cuatro registros para una sola convocatoria de 15 millones.

Quien consulte la BDNS por importes verá cinco o seis ayudas del FTJ en Teruel donde en realidad hay dos convocatorias.

Cuándo vuelve a convocarse

Las bases son la Orden EEI/373/2024, de 8 de marzo, modificadas por la Orden PEJ/176/2025, de 9 de febrero, y por la Orden PEJ/1693/2025, de 24 de noviembre. Se han convocado dos ediciones:

El importe se ha mantenido y la convocatoria se ha adelantado de abril a febrero, con un plazo generoso de tres meses. El Fondo de Transición Justa cubre el período 2021-2027, así que es previsible al menos una edición más; lo razonable es vigilar el BOA a partir de enero.

Un cambio de 2026 frente a 2025: la economía circular, que en 2025 se convocó aparte en octubre, en 2026 ya viene integrada como línea 5 desde el principio.

Si el proyecto necesita más de un ejercicio, se puede presentar la programación plurianual de hasta tres anualidades consecutivas y volver a concurrir en las convocatorias siguientes por el gasto de cada período, conservando la validez de la primera fecha de solicitud.