Cáceres: hasta 59.999 € por adelantado para que tu empresa industrial o tecnológica forme a parados

Qué formación quieren pagar, exactamente

Esto no es una línea genérica de formación. La convocatoria nombra las competencias que busca, sacadas del estudio de prospección y detección de necesidades formativas de la propia Diputación, y el informe técnico comprueba que tu curso encaja en ellas:

• Mantenimiento electromecánico, neumático y/o hidráulico de maquinaria y equipos industriales.
• Soldadura MIG/MAG, con electrodo revestido y TIG.
• Mecatrónica y sistemas técnicos automatizados, robótica colaborativa y programación de autómatas.
• Inteligencia artificial aplicada a procesos industriales y de gestión empresarial.
• Digitalización de servicios, soluciones Cloud, Big Data, ciberseguridad, IoT, movilidad y conectividad.
• Competencias verdes: economía circular, renovables, eficiencia energética, lean manufacturing.
• Manejo de máquinas de control numérico (CNC).
• Transporte y logística.

La lista se cierra con una puerta abierta: «aquellas otras asociadas a los sectores industrial y tecnológico que supongan un impulso al cambio de modelo productivo en la provincia de Cáceres», siempre avalado por el informe técnico.

Y hay un requisito de composición del grupo que define todo el proyecto: mínimo diez personas, de las que al menos el 75 % han de estar desempleadas. Como mucho un 25 % pueden ser trabajadores de la propia empresa subvencionada. O sea: de diez alumnos, siete y medio son parados y dos y medio pueden ser tuyos.

El filtro real: el informe técnico de cuatro puntos

Aquí está la diferencia entre esta convocatoria y las de concurrencia competitiva. No hay puntuación ni ranking, pero solo pueden ser beneficiarias las empresas cuyo proyecto reciba informe favorable en los cuatro puntos. Es todo o nada:

1. Adecuación de la propuesta a las necesidades de mano de obra cualificada de difícil cobertura recogidas en el estudio de prospección de la Diputación.
2. Medios puestos a disposición: instalaciones, aulas y talleres que cumplan las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, seguridad y prevención de riesgos, con aseos y servicios para hombres y mujeres y accesibilidad universal; más equipamientos, máquinas, herramientas, material didáctico y de consumo, EPI individuales y colectivos, y equipo docente capacitado y suficiente.
3. Repercusión positiva en las zonas rurales y en riesgo de despoblación de la provincia, que permita frenar la migración y la brecha de género y generacional.
4. Diagnóstico del impacto en el empleo: una estimación argumentada de los puestos propios u ofertados por terceros que habrá que cubrir a corto y medio plazo con las competencias adquiridas, y de la habilitación para acceder a una homologación acreditada.

Lo bueno: si el informe sale desfavorable, puedes mejorar el proyecto y volver a presentarlo, siempre que el plazo siga vigente. Eso convierte el 16 de noviembre en una fecha con margen: cuanto antes presentes, más posibilidades de rehacer.

De los cuatro puntos, el tercero es el que más proyectos tumba y el más fácil de olvidar en la memoria: no basta con que el curso sea bueno, hay que explicar por escrito por qué ayuda a fijar población en el medio rural cacereño. Es la finalidad declarada de la subvención.

El presupuesto, módulo a módulo

El presupuesto que adjuntas tiene que seguir esta estructura exacta, y cada partida lleva su tope:

Costes directos

• Retribución del personal formador: módulo de 70 € por hora de formación. Entran preparación, impartición, tutoría y evaluación, pero las horas de preparación, tutoría y evaluación no pueden pasar del 20 % de las horas impartidas por cada docente, y solo las pueden hacer los propios docentes. Se puede presupuestar por encima de 70 €/hora cuando la acción exija una persona de muy alta cualificación contratada al efecto, justificándolo y aportando factura proforma o presupuesto.
• Alquiler o amortización de equipos: máximo el 10 % de los costes totales aprobados. Incluye instalaciones, maquinaria, equipos, herramientas y software con vida útil superior a un año, más la amortización de aulas y talleres. La convocatoria da una tabla simplificada: 10 % anual para instalaciones y mobiliario, 12 % para maquinaria, 26 % para equipos informáticos y software, 30 % para útiles y herramientas. No se imputan amortizaciones de bienes comprados con subvenciones.
• Material didáctico y fungible: manuales y libros, medios didácticos no inventariables de vida útil inferior a un año y coste inferior a 300 €, papelería, consumibles de la práctica, EPI para cada alumno, y publicidad y difusión del curso y captación del alumnado.
• Seguros de accidentes y responsabilidad civil del alumnado.

Costes indirectos

• Indirectos asociados (suministros, limpieza, vigilancia del taller o aula): máximo el 10 % del coste total de la actividad formativa.
• Costes de organización (elaborar y presentar la solicitud y la justificación): máximo el 15 % del coste total.

No son subvencionables la adquisición de bienes inventariables ni la inversión en inmovilizado, la auditoría, el asesoramiento y la representación jurídica, ni el responsable administrativo financiero. Se considera inventariable el bien con vida útil superior a un año y coste unitario de 300 € o más, sin IVA ni transporte ni instalación.

Sobre subcontratación: no se permite. La excepción, que es la que hace viable el proyecto, es que contratar personal docente para impartir la formación no se considera subcontratación.

El seguro, que hay que tener firmado antes de empezar

Es una obligación con cifras concretas y es previa al inicio del curso, no posterior. Hay que suscribir póliza de accidentes y póliza de responsabilidad civil para el alumnado, ajustadas al periodo de duración de la acción, sin franquicia, cubriendo los accidentes in itinere y la formación práctica con maquinaria, equipo industrial y herramientas portátiles, además de viajes y visitas.

En las pólizas hay que especificar el centro de trabajo donde se imparte y la especialidad, y reflejar los riesgos específicos del curso si los hay. El coste del seguro es gasto subvencionable, pero la póliza tiene que estar firmada con carácter previo al inicio de la acción formativa.

Lo mejor de esta convocatoria: te pagan antes

Las ayudas son prepagables al 100 %: la Diputación paga una vez se produce la concesión definitiva y antes de que presentes la justificación, al amparo del artículo 13.1.d de su Ordenanza y del artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones, por encuadrarse en las estrategias de desarrollo sostenible contra el despoblamiento. Y no hace falta constituir garantía alguna.

Para una empresa que tiene que alquilar aula, contratar docentes, comprar consumibles y pagar pólizas, cobrar primero cambia el proyecto por completo.

El calendario después es largo y generoso:

• Plazo de ejecución: desde el día de la publicación de la convocatoria en el BOP de Cáceres (9 de octubre de 2026) hasta el 31 de diciembre de 2027. Abarca dos anualidades a propósito, para encajar con el curso académico.
• Gastos: solo los contraídos desde la fecha de publicación de las bases en el BOP y hasta el fin del plazo de ejecución. Los pagos pueden hacerse hasta el fin del periodo de justificación. Los costes indirectos de elaborar y presentar la solicitud se pueden imputar desde la publicación de la convocatoria.
• Justificación: hasta el 31 de marzo de 2028, con cuenta justificativa simplificada: memoria de actuación, relación clasificada de gastos y relación de pagos, sin tener que aportar inicialmente facturas ni justificantes bancarios.
• Prórroga: se puede pedir, pero como máximo dos meses antes del fin del plazo de ejecución, y tiene que autorizarse expresamente antes de que ese plazo termine.

Una solicitud por entidad, con un único proyecto. Todo telemático por la sede electrónica de la Diputación, incluida la fase de reintegro si llegara. Si la solicitud tiene errores subsanables te dan 10 días hábiles; si no subsanas bien, se te tiene por desistido.

Lo que no está claro

• Los costes indirectos tienen dos topes distintos en el mismo documento. La Base Segunda los parte en «indirectos asociados» limitados al 10 % del coste total y «costes de organización» limitados al 15 %. La Base Séptima dice en cambio que «en cualquier caso, los costes indirectos no podrán superar el 15 % del coste total de la actividad formativa». No queda dicho si el 15 % es el techo conjunto de las dos partidas o solo el de organización. Lo prudente es presupuestar sin pasar del 15 % entre las dos.
• El personal de apoyo tiene un tope cruzado. La Base Séptima añade que, si los indirectos incluyen personal de apoyo para la gestión y ejecución, sus retribuciones imputadas no pueden exceder del 25 % de las retribuciones del personal formador. Ese límite no aparece en la estructura de costes de la Base Segunda, así que hay que aplicarlo encima de los porcentajes anteriores.
• Qué significa «compromiso firme» de establecer centro de trabajo. Una empresa sin sede ni centro en la provincia puede ser beneficiaria si adquiere el compromiso firme de establecerlo, pero la convocatoria no dice cómo se acredita ese compromiso ni en qué plazo hay que cumplirlo, ni qué pasa si no se cumple.
• Si el CNAE se mira por epígrafe principal o por cualquiera. La lista de divisiones del CNAE-2025 es cerrada y va de la 10 (industria alimentaria) a la 95 (reparación de ordenadores), pasando por la 43 (construcción especializada), la 85 (educación) y la 46 (comercio al por mayor). Lo que no dice es si basta estar clasificado en una de ellas en cualquier epígrafe o si tiene que ser la actividad principal. Para un centro de formación con la 85 esa diferencia lo es todo.
• Cuánto crédito queda en cada momento. Es convocatoria abierta con resoluciones por lotes y un tope de 59.999,99 € por proyecto: con 250.000 € caben cuatro proyectos al máximo. No hay forma pública de saber cuánto se ha comprometido ya cuando presentas, y el 16 de noviembre es solo la fecha límite, no el momento del reparto.
• La certificación de la IGAE. La convocatoria exige aportar «certificación emitida por la IGAE en relación a las ayudas de minimis recibidas» junto con la solicitud. Es un trámite que no es inmediato y que no aparece en la lista de documentación complementaria obligatoria del extracto, donde solo se habla de un «certificado de ayudas percibidas bajo Régimen de Mínimis». Conviene pedirlo con tiempo.