Leader: creación de actividad económica en zonas rurales

Quién cobra y cuánto

Para el cliente privado hay dos supuestos:

• Empresas que transforman o comercializan productos agroalimentarios. Con una condición: si el producto está en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la UE, la inversión elegible debe ser inferior a 250.000 €. Por encima de esa cifra hay que ir a otra línea.
• Empresas no agroalimentarias. Cualquier actividad económica: un taller, un alojamiento rural, un comercio, un servicio. Esta es la puerta más ancha y la menos conocida.

Leader no es una ayuda agraria. Es una ayuda territorial: lo que cuenta es que la inversión se haga dentro del ámbito Leader de alguno de los once grupos de acción local, no que el negocio sea del campo.

Las asociaciones y fundaciones participadas por entes públicos en menos de un 25 % cuentan como privadas y pueden pedir inversión productiva.

La visita de no inicio, que decide el expediente

Es el punto donde más solicitudes se pierden, y no admite arreglo posterior: no son subvencionables los proyectos iniciados, las inversiones realizadas ni las facturas anteriores a la visita de comprobación de no inicio, que se hace una vez presentada la solicitud.

Es decir, no basta con no haber empezado antes de solicitar: hay que esperar a que el técnico pase a comprobarlo. Cualquier factura con fecha anterior a esa visita queda fuera.

Otras exclusiones

• Proyectos fragmentados o por fases que no funcionen de forma independiente. También se considera fragmentación pedir ayuda en convocatorias distintas para inversiones hechas en el mismo período y ubicación.
• El IVA y cualquier impuesto, tasa, interés o recargo, salvo en entidades locales y sin ánimo de lucro que no lo repercutan.
• La compra de terrenos e inmuebles.
• Los bienes de segunda mano y las inversiones de simple reposición.
• Alquileres y gastos de constitución de la empresa: notaría, registro.
• Mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles.
• La mano de obra propia o de los socios.

Y un detalle de fiscalización: no puede haber parentesco hasta el primer grado de consanguinidad entre el beneficiario y el proveedor que ejecuta la obra o suministra el bien.

Los bienes inscribibles en el Registro de la Propiedad quedan afectos a la subvención durante cinco años desde el pago final, y hay que hacerlo constar en la escritura junto con el importe de la ayuda.

Once ventanillas con criterios distintos

El dinero no se reparte en una bolsa única: cada grupo de acción local tiene su dotación y sus propios criterios de selección y prioridad, recogidos en el anexo 2 de las bases. El porcentaje concreto de ayuda sale de la puntuación que asigne el GAL, y las solicitudes que no llegan al mínimo se desestiman.

El circuito es largo: la comisión técnica del GAL puntúa, su junta ejecutiva —con representantes públicos y privados— propone, la oficina comarcal del DACC ratifica y el Servicio de Programación y Dinamización Rural eleva la propuesta a la Dirección General de Desarrollo Rural, que resuelve. La propuesta del GAL es vinculante siempre que se cumplan los requisitos.

Antes de preparar nada conviene hablar con el GAL que corresponda al municipio: son ellos quienes fijan las prioridades y quienes conocen el nivel de competencia real de su bolsa.